El 41 aniversario de la Constitución ha pasado a hurtadillas. Sin embargo, en estos momentos críticos del independentismo catalán, del Parlamento más fragmentado y enfrentado de la democracia, del enredo enmarañado de la investidura y de la precipitada pelea por el poder, los políticos y los medios deberían haber aprovechado la ocasión para valorar la carta magna como la única referencia política necesaria y segura. El grave problema del Estado seguirá abierto en canal si los políticos no entienden que solo se soluciona desde el consenso y la Constitución. Hay que perder el miedo a la reforma constitucional y buscar los acuerdos para hallar un modelo de organización territorial aceptado por la mayoría.
Cuando los españoles no tuvimos amparo constitucional en los siglos XIX y XX, sufrimos crisis de Estado, guerras carlistas, una guerra civil y dos dictaduras. Por el contrario, las nueve constituciones aprobadas desde 1812 nos permitieron superar crisis y alcanzar la España democrática y europea de 1978.
Los españoles aprendimos esta necesidad de pactar en la transición a la democracia tras la muerte del dictador. Con los Pactos de la Moncloa de 1976 salimos de la crisis económica y política uniendo transversalmente a todas las fuerzas políticas (franquistas, católicas, conservadoras, centristas, socialistas y comunistas) y a las instituciones más influyentes (sindicatos, patronal, universidades, Iglesia y ejército).
Ese sentido de Estado, superando partidismos e ideologías, generó la Constitución de 1978 y los gobiernos de la Transición. No fue, como dice el populismo, el régimen de una casta corrupta de espaldas al pueblo, fue un acuerdo de todos. Debajo hervía el miedo latente a la guerra civil, que hacía imprescindible la reconciliación. Así se generó un pacto entre políticos y sociedad civil, asociaciones de vecinos, estudiantes, curas obreros, sindicatos y militares. Así se reconcilió un país herido, se integró en Europa un país aislado, se recuperó la libertad de un país perseguido y se superó la profunda crisis económica de un país atrasado.
El pacto constitucional de 1978 incluía tres transiciones: transitar de la dictadura a la democracia, abandonar el aislamiento integrándonos en Europa y pasar del centralismo a las autonomías. Hemos conseguido la democracia y estamos dentro de Europa, pero hoy comprobamos que no se ha cerrado la tercera transición del Estado central al autonómico.
El título VIII sobre la organización territorial del Estado de la Constitución no dejó cerrado ni definido el sistema autonómico, manejó conceptos ambiguos y no estableció mecanismos de solidaridad e igualdad. Los independentismos vasco y catalán, entre otros, no lo aceptan como la solución para ordenar e integrar la España plural.
La ley electoral y las mayorías insuficientes del bipartidismo alimentaron al nacionalismo hasta llegar al soberanismo y utilizaron las fuerzas nacionalistas como estratégicas bisagras de gobierno o llaves para conseguir censuras o investiduras. Tras aplicar el artículo 155, sentenciar a los sediciosos, proclamar paños calientes de diálogos y negociaciones inviables, la ruptura continúa y se contagia.
Una quinta parte de la ciudadanía no siente acogida su pluralidad lingüística en las autonomías, ni percibe su diversidad cultural armonizada en el conjunto español. En el Congreso hay 166 diputados que no aceptan la Constitución. Los partidos que hoy se alían o abstienen en la investidura de Sánchez (UP, ERC, JxCat, PNV, Bildu, BNG, Compromís, etcétera) rechazan la carta magna. Muchos quieren desmontar el régimen de la Transición de 1978. Según el PSC, hoy hay nueve naciones en España.
Se construye un discurso capcioso de términos y palabras equívocas que pretenden tapar el incumplimiento de la ley en las negociaciones. En las ruedas de prensa se impiden preguntas. Es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles.
Los constitucionalistas se niegan a pactar con el partido ganador. Socialistas e independentistas hablan de derechos que solo son competencia del poder legislativo constituyente, como la autodeterminación, el referéndum unilateral, el control autonómico del poder judicial, la amnistía o el indulto. El problema se ha complicado con la violencia de los tsunamis democráticos. El resultado final ha enconado el problema, roto la convivencia, fracturado la sociedad y quebrado la confianza económica.
Esta crisis de Estado no se puede usar como una moneda para conseguir investiduras. No es un conflicto político que puedan resolver el diálogo de unos líderes personales, las negociaciones de dos partidos políticos, una mesa de ministros o consejeros. Afecta a todos los españoles y solo puede abordarla el poder legislativo con la participación de todos los partidos políticos del Parlamento. Su solución exige un consenso transversal que plantee un nuevo modelo de organización territorial votado por una mayoría de dos tercios de las Cortes que reforme la Constitución y adecue luego los Estatutos de Autonomía.
Los políticos son incapaces de acordar, la fragmentación bipolar en bloques los ha convertido en enemigos entre sí, enemigos de la sociedad, e incluso enemigos de la verdad. Así no se resolverá el problema de la convivencia de la España plural, solo se extenderá y agravará.

Publicado en la edición de papel de El Norte de Castilla del sábado, 14 de diciembre de 2019