El Estado de bienestar y los políticos

Pedro Carasa

La crisis del Estado de bienestar les preocupa a los políticos más por el posible castigo electoral que por los recortes sociales de los ciudadanos. No es una ocurrencia tópica sobre la insensibilidad social de la casta, es una lección de historia, basada en lo que los expertos en ciencias sociales y económicas llaman “efecto Mateo”. Reflexionemos sobre ello.

El nombre nace de la frase de San Mateo (13:12): “A cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”. Sociológicamente se llama así al fenómeno de acumulación de riqueza o fama. Es la expresión vulgar de que siempre el rico se hace más rico y el pobre más pobre. El nombre técnico es proceso estocástico o conexión preferencial. El efecto, que se aplica en sociología, historia social, economía, psicología y educación, se refiere a bienes materiales y a valores de confianza y prestigio social.

En política social, el efecto Mateo afirma que en todo sistema asistencial resultan más beneficiados los asistentes que los asistidos. Los expertos en servicios sociales creen que este retorno de beneficio a los asistentes es necesario para que subsista el sistema, que sin esa retroalimentación no sería sostenible.

Tal efecto se produjo en todas las etapas históricas, benefició a los limosneros de la caridad particular sacralizada en los siglos VII-XVII, a los ilustrados que encerraron a los mendigos en el XVIII, a los liberales que crearon la beneficencia municipal del XIX, y a los demócratas que gestionan el Estado de bienestar del siglo XXI.

La vieja caridad particular facilitó a nobles, eclesiásticos y comerciantes la salvación del alma, la mayor aspiración de entonces. Las fundaciones caritativas eran inversiones en capital sobrenatural que redimían la riqueza material y aseguraban un rédito salvador al rico y al pobre. Los hombres de las luces recluyeron y pusieron a trabajar a los pobres para que fueran útiles y no vagos. La beneficencia liberal fue un instrumento de clase para construir un comportamiento sumiso, sano y trabajador en las ciudades burguesas.

En la Alemania de fines del XIX se produjo una profunda revolución social que sentó el principio de que el Estado debía sufragar con recursos públicos los servicios sociales porque la educación, sanidad y seguridad social eran derechos del ciudadano y obligaciones estatales. Se llamó Estado de bienestar porque era la autoridad política la que debía financiar los servicios sociales con recursos fiscales, repartir socialmente la riqueza y ejercer la justicia redistributiva. En España se intentó en 1967, pero no se implantó hasta 1978; desgraciadamente era tarde y pronto el sistema comenzó a entrar en crisis.

En 2015 el Estado de bienestar (educación, sanidad, seguridad social, dependencia, familia y servicios sociales) representa el 60% del presupuesto central y autonómico español. Esta obra social, irrenunciable en toda democracia, es hoy la más importante acción política que gestionan los Estados desarrollados. Decidir y dispensar eficazmente los servicios de docencia, sanidad y seguridad social consigue el apoyo electoral a los gobiernos que los organizan y da prestigio a los profesionales que los aplican.

Por eso los políticos están doblemente obligados a solucionar la crisis del Estado de bienestar y reinventar alternativas para hacerlo sostenible. Su preocupación es más política que social porque surge del temor a perder el poder y no ser reelegidos más que del miedo a los recortes sociales de los ciudadanos. También al profesional del Estado de bienestar (profesor, médico, enfermero, empleado) le interesa no perder su profesión, poder académico y prestigio social, más que los servicios que presta.

Para superar esta retroalimentación entre gestores/asistentes del Estado de bienestar, los expertos buscan hoy una tercera vía que evite estas contaminaciones de la iniciativa privada y pública. Proponen el llamado tercer sector, iniciativa social, o voluntariado, organizados en ONGs, que minimicen el efecto Mateo.  La hipertrofia del primer sector público significa la atrofia de la sociedad civil como gestora autónoma de servicios sociales y el freno de la colaboración desde abajo. La sociedad civil se acomoda pasivamente a dejarse querer por las protecciones sociales del papá-Estado. Los servicios de bienestar dejados exclusivamente en manos del segundo sector, el privado, vinculado a la religión o a los agentes económicos particulares, acabarían contaminados por los intereses del gestor. La solución debe darla la sociedad civil, autónoma y madura, apelando a la ciudadanía, al voluntariado y a la familia, para complementar la prestación de servicios. Pero falta en España una adecuada política de apoyo a la familia para que cumpla esta misión.

La crisis exige corregir muchas contradicciones del Estado de bienestar y aliviar algunas de sus contaminaciones. Son necesarios un pacto social civil y solidario, nuevas formas ciudadanas de socialización de servicios, prestaciones sociales nacidas de la economía social, estímulo a la solidaridad voluntaria en las organizaciones del tercer sector. Hay que vigilar que las acciones voluntarias y solidarias sean complementarias de lo público, que no sustituyan al Estado de bienestar como eje de la protección social, y que no privaticen los servicios sociales.

Editado en El Norte de Castilla del 14 de enero de 2017