Mientras escribo estas líneas, una madre granadina espera que encuentren a sus hijos desaparecidos desde que su padre los recogiera conforme estipulaba el régimen de visitas. El hombre, ex policía local (expulsado del cuerpo al parecer por su comportamiento violento) tenía una orden de alejamiento de su ex mujer por violencia de género. Mientras escribo esta primera columna del año, el cuerpo de Diana Quer es analizado para detectar las causas últimas de su muerte. Aunque parece claro que la causa fue el fatal encuentro con un delincuente con antecedentes por violación y tráfico de drogas.

2017 se cerró con un aumento en el balance de la violencia machista. 48 mujeres (cuatro más que el año anterior) han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Y eso sin contar los casos aún en proceso de investigación que elevarían la cifra por encima de la cincuentena (y algunos son tan evidentes que parece imposible llegar a otra conclusión que no sea que el fin se debió al maltrato al que estaban sometidas las víctimas). Pero el horror no se detiene ahí y muestra además otra cifra espeluznante: durante 2017 ocho niños murieron a manos del mismo hombre que acostumbraba a torturar a sus madres y 27 quedaron huérfanos de madre, asesinadas por sus progenitores. Eso sin contar la cantidad de menores que asisten como parte de su rutina diaria al maltrato que sufren sus madres, al clima de violencia que imponen en el día a día familiar sus progenitores, con las presumibles consecuencias que dicho menú cotidiano tiene en su formación y en su futuro.

2017 pasará también a nuestra historia reciente como el año del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Parecería fácil un acuerdo de todos los grupos parlamentarios ante una injusticia tan flagrante en el mismo año en que muchas mujeres han salido del armario del miedo, del silencio y la vergüenza ante el estigma social para denunciar que fueron abusadas a veces por extraños, a veces por quienes tenían en deber de protegerlas. No lo fue tanto. Pero ahí está el acuerdo que, desde el punto de vista presupuestario supondrá sobre el papel la inversión de 1.000 millones de euros en cinco años, a partir de este 2018. Una buena noticia sin duda, pero ante la que no puedo evitar mi escepticismo. Cuántas veces los presupuestos se quedan sin ejecutar, cuantas veces se pierde el dinero necesario para lo más básico en laberintos administrativos y desidia burocrática.

Además, nada será realmente eficaz si no se atajan los orígenes: la educación, el clima social que fomenta aún una imagen secundaria de la mujer, la crisis sobre la que solo oímos ya mensajes triunfales… en este país, donde se rebajan los presupuestos de la enseñanza, se subvencionan con dinero público colegios que segregan a los niños por género, se maltrata la Cultura y se eliminan asignaturas como Educación para la Ciudadanía. Ya veremos…

(Publicada en mi columna de Opinión ‘Dìas nublados’ el 4 de enero de 2018)