El Norte de Castilla
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Autor: Pedro.Carasa_8908
Balance Histórico de la Constitución
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elmiradordeclio | 10-12-2017 | 6:28| 0

Balance Histórico de la Constitución

Pedro Carasa

Cada 6 de diciembre hemos exaltado la constitución de 1978 como la causa de todos nuestros éxitos. Es verdad que su balance general ha sido positivo, pero hoy vemos que no ha resuelto el problema territorial. La crisis nacionalista actual arranca en los defectos de la formación del estado de las autonomías, pero los políticos no lo reconocen ni consiguen un objetivo común para reformarlo. Una mirada histórica puede combinar mejor la complacencia con la crítica de la constitución. Si el recorrido largo por la evolución constitucional de España reconoce buenos resultados, un repaso más corto de sus últimos cuarenta años descubre importantes deficiencias.

España ha sido constitucional el 75% de los últimos siglos, sólo el 25% ha sido gobernada por el absolutismo o la dictadura. Pero sus constituciones han tenido corta vigencia, apenas 20 años cada una, tanto que parecían programas de partido que cambiaban cada legislatura.  Los 39 años de la constitución de 1978 son cortos comparados con otras occidentales, pero son largos en la historia española. Su longevidad se debió al pacto entre diversos partidos en la Transición, impropiamente llamado consenso. Desde esta larga perspectiva, el balance ha sido positivo porque ha posibilitado una pacífica salida de la dictadura, ha consolidado la democracia, ha permitido la incorporación a Europa y ha transformado su sociedad y desarrollado su economía con normalidad.

              En cambio, su análisis desde la Transición nos descubre nuevas circunstancias y algunas limitaciones. El pacto de 1978 fue forzado por el miedo a la guerra civil y la necesidad de reconciliación que latía en la sociedad española. Esa presión militar no existe hoy y el pacto es más difícil. La constitución se redactó en el momento álgido de la democracia social en Europa, en cambio hoy imperan, ante la crisis de la socialdemocracia, el neoliberalismo y el populismo, que imposibilitan los acuerdos. Otra grave circunstancia es que hemos pasado de la autonomía pactista al nacionalismo soberanista, en buena medida por el carácter impreciso y competitivo del título VIII de la carta magna.

En efecto, el pacto constitucional dibujó un sistema de comunidades autónomas indefinido, no cerrado, competitivo, desigual, escalonado y con diferentes ritmos de construcción: ciudades autónomas, comunidades autónomas, regiones, nacionalidades históricas y no históricas. Ello ha alimentado una carrera desbocada por acaparar financiación y competencias, ha debilitado el estado y ha generado diferencias insalvables entre las autonomías. Esta deriva separatista afloró en 2001 con el pacto de Lizarra y el plan Ibarretxe, y desde 2012 con el viraje independentista de Mas y finalmente la república de Puigdemont (el soberanismo es siempre la aspiración inexorable del nacionalismo).

La entrega a las autonomías de las competencias básicas del estado de bienestar ha vaciado de capacidad solidaria al estado y ha roto la igualdad y solidaridad de todos los territorios. La competencia de educación en manos nacionalistas ha manipulado la historia y ha adoctrinado un espíritu nacional excluyente y victimista. El monopolio soberanista de los medios de comunicación ha minado el afecto a España y ha generado una fractura social.

La constitución incluyó la insolidaria financiación autonómica del privilegio foral del concierto vasco. No se entiende que la izquierda lo admitiera, ni que lo justificara la violencia de ETA, ni que Urkullu lo disfrace hoy de solidario. Ha sido la secreta aspiración del pacto fiscal catalán, germen del soberanismo, que la avaricia de Pujol rechazó antes.

Otro defecto indirecto ha sido la ventaja electoral y representativa de los nacionalistas, con ella Arzallus, Pujol, Ibarreche y Mas lograron la bisagra para depredar el presupuesto estatal con pactos políticos, ocultos e insolidarios, y estimular sus aspiraciones nacionalistas. Las elites engordaron la corrupción del 3% que luego taparon con las esteladas.

Se ha reformado el sufragio extranjero y el déficit, pero están pendientes las reformas constitucionales más urgentes para asegurar la igualdad de los españoles. Pero hay valores dominantes de muchos políticos que impiden defenderlas: Unos neoliberales complacientes con el proteccionismo, unas autoridades autonómicas solo dispuestas a recibir más, una izquierda clásica que no defiende la igualdad y la solidaridad, unos sindicatos que sólo lloran y no construyen, unos populismos radicales que son soberanistas para romper el régimen de la Transición y fracturar el estado, unas ideologías transversales que usan el separatismo como instrumento de presión, unas generaciones radicales centradas en la acción antisistema y unos partidos políticos muy cortoplacistas.

Urge una reforma constitucional para reforzar el estado, darle competencias en educación y asegurar la unidad y solidaridad de todos los territorios españoles. Es preciso tener una visión de conjunto, un sentido de estado, promover la igualdad por encima de la identidad, la solidaridad por encima de los complejos de superioridad. No se puede reformar la constitución para conceder más recursos y competencias a los nacionalismos que han querido romper el estado. Puede servir de antecedente el estado federal de 1873, simétrico, con igual trato a todos los españoles, con impuestos progresivos a los territorios más ricos y con competencias educativas.

Editado en la edición de papel del día 9 de diciembre de 2017

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El nacionalismo en los conflictos de 1917
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elmiradordeclio | 12-11-2017 | 11:24| 0

El nacionalismo en los conflictos de 1917

Pedro Carasa

El colonialismo, el nacionalismo, el imperialismo y el fascismo causaron en el siglo XX abundantes guerras calientes (dos mundiales, numerosas civiles y varias coloniales) y la Guerra Fría. Tras desaparecer los viejos imperios coloniales español y portugués, un terremoto político con epicentro en 1917 arrumbó los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano y alumbró la URSS. Con motivo de su centenario, recordamos cómo los conflictos nacionalistas ese año mundializan la gran guerra, revolucionan Rusia, desequilibran el Estado español, rebelan a Cataluña y agitan a Valladolid.

El contexto fue la Gran Guerra, mundial desde la entrada de EEUU en 1917, que produjo 10 millones de muertos, una sociedad empobrecida que perdió 50 millones más por la gripe mundial, y una dramática deriva hacia revoluciones y nacionalismos.

La Revolución de 1917 trastocó el capitalismo liberal y el orden social occidental. En febrero derrocó la autocracia zarista de Nicolás II y en octubre dio el poder a los bolcheviques de Lenin y gestó la URSS. Para unos fue una liberación de la sociedad, una utopía comunista de igualdad social. Abolió el feudalismo agrario y el capitalismo industrial y financiero. Buscó la unión internacional para erradicar los nacionalismos belicosos e impulsar la descolonización. Su revolución social sembró un incipiente Estado de Bienestar, alentó la igualdad de hombre y mujer y produjo notables creaciones de arte y ciencia. Para otros el bolchevismo estalinista fue un aborto sangriento que fundió fascismo y comunismo, se convirtió en un Estado burócrata, totalitario y represor, causó un millón de víctimas y no cumplió la promesa socialista de la igualdad.

En España la neutralidad bélica desabasteció y encareció los alimentos, enriqueció a los especuladores y empobreció al pueblo. La gripe de 1918 contagió a 8 millones y mató a 300.000 españoles. Así brotó la profunda crisis del verano de 1917 y luego una intensa conflictividad social en el trienio bolchevique de 1918-20. En 1917 tres conflictos doblegaron al Estado y derrocaron gobiernos: Uno militar, las Juntas de Defensa, otro nacionalista catalán, la Asamblea de Parlamentarios y el tercero social, una huelga general revolucionaria.

Las Juntas de Defensa fueron una especie de sindicato militar de africanistas, inquietos por ascender e irritados por el nacionalismo catalán. Lograron imponerse al poder civil, forzar la dimisión de García Prieto, exigir a Dato su legalización, suspender las garantías constitucionales y reforzar la censura de prensa.

Ese mismo verano el nacionalismo catalán, en la Asamblea de Parlamentarios, planteó un grave reto al Estado. Hubo vanos intentos en 1906, pero fue en 1917 cuando se planteó explícitamente crear la región autónoma de Cataluña. Tras morir Prat de la Riba, líder de la Lliga Regionalista, Cambó reunió a 48 diputados en Barcelona para exigir elecciones constituyentes y la autonomía catalana. Dato desprestigió la Asamblea como separatista, la disolvió como sediciosa, detuvo a sus participantes, suspendió periódicos y envió el ejército a Barcelona. Cambó respondió que Cataluña tenía la alta misión de salvar a España y de ser un modelo regional en este momento épico y trágico de su historia. Alfonso XIII creyó que los catalanes buscaban la independencia y gobernarse desde Barcelona, pero propuso a Cambó formar un gobierno y celebrar elecciones. En Madrid se eligió a los ministros catalanes Ventosa y Rodés, con los que se formó el gobierno de concentración de García Prieto, excluyendo a los conservadores de Dato y a los liberales de Alba.

 

En agosto de 1917, UGT y CNT convocan en Valencia una huelga general revolucionaria para cambiar la estructura política y económica del país, crear un gobierno provisional y acabar en elecciones constituyentes. Enseguida se extendió a Asturias, Vizcaya, Barcelona, Zaragoza, La Coruña y Valladolid. El rey, para atajarla, sustituyó a Dato y formó el citado gobierno de concentración de García Prieto. La represión costó 71 muertos, 156 heridos y 2000 detenidos. Largo Caballero, Saborit, Besteiro y Anguiano fueron condenados a cadena perpetua en un consejo de guerra. Luego los socialistas fueron amnistiados al ser elegidos en 1918 junto a Pablo Iglesias e Indalecio Prieto.

Esta huelga revolucionaria de 1917 conmocionó a Valladolid, donde los jornaleros ferroviarios, los de Prado, Gabilondo, Electra Popular y Silió padecían desabastecimiento, carestía y bajos salarios. Los sindicatos de la Compañía del Norte habían convocado en marzo una huelga de tres días, pero en agosto la Unión Ferroviaria y el Sindicato del Norte proclamaron la huelga general en solidaridad con los despedidos en Valencia. Pararon 1338 de los 1627 ferroviarios vallisoletanos y acabaron despedidos el 15%. Se declaró el estado de guerra en la ciudad hasta octubre. Fueron detenidos el concejal socialista Óscar Pérez Solís y el republicano José Garrote (fusilado en 1936), a quien luego 545 compañeros ferroviarios firmaron un sentido homenaje. El periódico ‘Adelante’ se suspendió y se cerró la Casa del Pueblo.

Recordando el centenario de 1917 y pensando en nuestra grave situación actual, la historia nos advierte de que los nacionalismos siempre han levantado fronteras y muros, causado fracturas y desigualdades sociales y originado guerras.

 

Editado en El Norte de Castilla del 11 de noviembre de 2017

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Debilidad del Estado y fracaso de las Autonomías
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elmiradordeclio | 17-10-2017 | 11:47| 0

Debilidad del Estado y fracaso de las Autonomías

Pedro Carasa

Ante el reto independentista catalán se ha descartado, con razón, la solución militar. La respuesta política ha llegado tarde y ha sido incapaz, ni el ejecutivo ha llevado la iniciativa, ni el legislativo fragmentado ha articulado una contestación de consenso político. Ha sido la actuación judicial la que ha controlado, no solucionado, el problema. In extremis y tarde ha aparecido el poder económico fugando empresas, lo que ha desorientado al independentismo rompiendo su cántaro de leche. Concluimos que el Estado ha sido débil y las Autonomías han fracasado y generan problemas.

Los políticos no ven las raíces de la enfermedad y no descubren su etiología, diagnóstico y tratamiento. Falta perspectiva histórica. Estamos ante un problema cultural de hondo calado contemporáneo que no se resuelve con medidas instantáneas, ni con violencia, ni con diálogos o negociaciones, ni con movilizaciones y mítines, ni con banderas españolas, esteladas o blancas.

El Estado de las Autonomías de 1978 muestra limitaciones y contradicciones. Los regionalismos y los nacionalismos nacieron históricamente de la debilidad del Estado español que hoy está siendo socavado por una de sus hijas rebeldes.

El Estado liberal fue débil por no ordenar eficazmente su territorio nacional en el XIX. Tras perder sus territorios coloniales, los liberales sólo centralizaron los niveles municipal, provincial y estatal. Una oportunidad de reforzar el Estado se perdió con los rexurdimentos y renaixenças que avivaron la cultura local y germinaron un buen modelo federal durante la I República. Desgraciadamente lo abolió la monarquía centralista de la Restauración que desarmó más al Estado y siguió deteriorando el nacionalismo español.

Desde fines del XIX, el Estado enflaqueció exteriormente en América y Europa y se rompió interiormente por la pugna de sus regiones, aquejado de foralidades y desigualdades. Al no estar cohesionado su territorio y carecer de una cultura nacional, el nacionalismo español fue descalificado por los nacionalistas y regionalistas. Eran fuerzas conservadoras, vinculadas a monasterios y sacristías, que contribuyeron a evitar el sentido de Estado. Sin una cultura democrática madura, el Estado español enfermó en una profunda crisis encadenada por la dictadura, la guerra y otra dictadura.

La II República no recogió la cultura estatal del viejo federalismo simétrico de 1873 y toleró una carrera de estatutos de autonomía, sin un plan previo que los articulara en un Estado superior. Desde 1934, los partidos nacionalistas conservadores pactaron estratégicamente con la izquierda, los vascos con los socialistas y la Lliga con los republicanos. Se produjeron así los primeros brotes secesionistas.

Reforzó esta falsa pátina progresista del nacionalismo la represión de la dictadura de Franco contra sus lenguas y líderes. La oposición al franquismo creó una izquierda aliada a los nacionalismos foralistas que perdió en su compañía los básicos valores de igualdad y solidaridad. Esta izquierda, más nacionalista que estatalista, fue capaz de justificar el terrorismo etarra que causó mil muertos y no reforzó al Estado, como era su obligación.

Desde 1977 el pacto constitucional puso a este débil Estado español bajo la presión de los nacionalismos apoyados por la izquierda. La Transición no resolvió el problema, camufló las naciones bajo las equívocas nacionalidades, diseñó un sistema de autonomías desiguales, marcó diversas vías de acceso, creó excepciones históricas, no puso techos competenciales, dejó el modelo abierto a la competencia y no impuso un senado territorial. Con ello, ablandó más al Estado; quedó reducido a un tercio de competencias e ingresos y eliminó su presencia en las Comunidades. Varios Estatutos ahondaron las desigualdades, pelearon por más competencias, los nacionalistas aspiraron a la independencia y evitaron el “café para todos”. De aquellos polvos vienen estos lodos.

La práctica electoral y parlamentaria ahondó la debilidad del Estado, dio más representación a los pequeños PNV y CiU, convertidos así en fieles de la balanza para esquilmar los presupuestos y acaparar más recursos y poderes. Equivocadamente se les dio la gestión de la educación, de forma que la manipularon para construir relatos históricos favorables a sus identidades y opuestos a la España enemiga. Obtuvieron también el pacto de inclusión lingüística, que acabó marginando el español. Colegios y universidades han inoculado la cultura altanera de odio a lo español como opresor, explotador e inferior. Al tiempo, se ha devaluado lo catalán en España. Esta herida en la sociedad española y catalana pervivirá varias generaciones.

La sociedad española, mal informada por una prensa populista o adicta a su poder, ha mirado a otro lado mientras se cernía la ruptura. Sólo el rey ha estado en su sitio. El ejecutivo y el legislativo perdieron la Diada, el 1-O, la imagen internacional y la confianza de los españoles. El caos catalán pretende ahora concesiones bajo el chantaje de la negociación o la mediación.

La España de la Autonomías ha fracasado por no conseguir la autoestima del país, ni generar referencias de igualdad y solidaridad, ni lograr un sentimiento de unidad nacional. Un pacto parlamentario de tres quintos, con los socialistas, debería reformar la Constitución, para que un Estado fuerte, federal y simétrico gestione la educación e iguale el territorio.

Editado en El Norte de Castilla, del día 17 de octubre de 2017

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¡No vale!
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elmiradordeclio | 10-09-2017 | 11:22| 0

¡No vale!

Pedro Carasa

El maestro de escuela de mi pueblo tuvo que responder a un niño de primaria que le preguntó por qué había reyes, policías, jueces, ministros, diputados, políticos o alcaldes. Se esforzó en transmitir a su curioso aprendiz que todos esos personajes y las instituciones que representan, la monarquía, las fuerzas de seguridad, los tribunales, el gobierno, el parlamento y los ayuntamientos, sirven para redactar la ley, necesaria para ordenar nuestra convivencia humana, sin necesidad de solucionar los problemas con la violencia o el uso de las armas.

Es como cuando vosotros jugáis al escondite o a la rayuela –decía-, sabéis que los juegos tienen unas reglas y que para jugar hay que aplicarlas; si algún niño se las salta, los otros le dirán ¡No vale!  Es lo que hay que hacer para poder jugar, porque, si no, protestamos, nos pegamos o dejamos de jugar. Cuando te regalan un juego de mesa como el parchís o la oca, además de las fichas, los paneles y los dados necesarios, siempre trae unas instrucciones que hay que leer antes y aplicarlas para que el juego funcione, sólo así nos entendemos todos y nos divertimos.

El maestro siguió explicando que, debajo de todos esos ilustres personajes y de tan pomposas instituciones en las que vivían los políticos, había sólo un principio muy simple que todos tenían que defender: una ley o regla que todos deben aceptar y cumplir para entenderse. Si no existe esa ley común, cada uno pretendería imponer sus intereses particulares por encima de los demás. La ley debe ser acordada por los representantes y todos los ciudadanos tienen la obligación de conocerla y de cumplirla para vivir juntos en una vecindad, en un pueblo o en una nación. Si alguien no quiere obedecerla se le apartará de la sociedad. Hay personas o tribunales que se encargan de castigar o retirar de la convivencia a los ciudadanos que no acepten las reglas acordadas por todos.

La ley está escrita para defender los valores que el conjunto de esa vecindad, esa región o ese país consideran que son comunes e importantes para convivir. Por ejemplo, que todos seamos iguales, que a todos se les den medios suficientes, que haya justicia en el reparto de bienes, que no se falte al respeto a los demás, que los intereses comunes valgan más que los privados. Esa ley común general (por ejemplo, una constitución) puede cambiarse siempre que todos acuerden hacerlo, según unas condiciones pactadas, pero no puede reformarla cada uno por su cuenta sin contar con los demás.

El maestro volvió a explicar a su querido e inquieto escolar la función de la persona del rey, del juez, del ministro, del diputado y del alcalde. A esa vecindad o comunidad política en que vivimos la hemos llamado ayuntamiento, comunidad autónoma, juzgado o nación, y están dirigidas por personas como Colau, Puigdemont, Pablo Iglesias, Garzón o Felipe de Borbón. Estas personas deben ser respetadas como las instituciones mismas. El conjunto de esas organizaciones juntas forma lo que llamamos Estado. Se ha construido a lo largo de la historia en numerosas culturas y épocas, desde los moradores de la cueva de Altamira, pasando por las civilizaciones de Grecia y Roma, siguiendo por los Imperios de Carlomagno y Carlos V, continuando por los Reinos de Borbones y Saboyas. Lo llamamos Estado de derecho, y ha sido definido por todas las constituciones, desde la liberal de Cádiz en 1812 hasta la democrática de 1978.

Al principio ejercían el poder individualmente lo chamanes o sacerdotes en nombre de Dios. Luego se impusieron las familias dinásticas que gobernaban como reyes. Las revoluciones de fines del XVIII establecieron que había que ordenar la convivencia política en una organización civil regida por unas leyes comunes para que todos convivan libre y democráticamente.

Se acordó que el Estado debía organizarse en tres tareas dedicadas a elaborar, aplicar y exigir la ley. Montesquieu los definió como los tres poderes del Estado: El primero era el poder legislativo compuesto por unos representantes del pueblo para redactar las constituciones, las leyes y los códigos; el segundo es el poder judicial encargado de hacer cumplir esas leyes y de castigar y separar a los que nos las cumplan; y el tercero es el poder ejecutivo que tiene que gobernar el país y administrar los intereses de todos los ciudadanos según dicen esas leyes. Pero fíjate bien, insistió el maestro, debajo del parlamentario, del juez y del ministro, que representan esos poderes del Estado, sólo hay un fin: que haya una ley, que se haga cumplir y que se gobierne de acuerdo con ella. Todos esos personajes solo existen para que la ley haga posible nuestra vida en común y sea la base de nuestra convivencia política. Es la única forma de evitar que se imponga la violencia en nuestra vida.

Continuó el maestro explicando a su atento niño, que la ley y el Estado solo buscan asegurar la vida de los ciudadanos. Todos los habitantes del país son los que tienen la capacidad de elegir a los diputados, son ellos los que poseen lo que se llama soberanía, la única que puede redactar las leyes y obligar a obedecerlas. A eso se llama democracia, el gobierno del pueblo, encargado de proteger y asegurar los derechos fundamentales de la justicia y la igualdad y los deberes básicos de todo ciudadano miembro de un Estado.

Este recuerdo infantil tan sencillo enseña un mensaje democrático muy hondo: hay que cumplir la ley, es más, hay que quererla como a un escudo que nos da seguridad. Me la enseñó el maestro de mi pueblo. Recordar hoy esta sencilla enseñanza es importante; cuando algunos políticos no cumplen la ley y quieren cambiarla por su cuenta, hay que gritar fuerte: ¡No vale!

 

Editado en El Norte de Castilla el 9 de setiembre de 2017.

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La familia en la crisis
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elmiradordeclio | 21-08-2017 | 8:52| 0

 

La familia en la crisis

Pedro Carasa

Familias y crisis tuvieron una relación interactiva en la historia, aquéllas mitigaron siempre los golpes sociales de las crisis históricas y éstas renovaron los modelos familiares obsoletos. Conocemos mejor el papel amortiguador de la familia que las hondas renovaciones generadas por las crisis. Ahora es fácil ver cómo el colchón familiar ha superado el conflicto de 5 millones de parados mejor que ONG, sindicatos o partidos. Es más difícil analizar cómo la crisis actual ha renovado la familia tradicional y la ha adaptado a la nueva sociedad. Decir que la crisis ha roto la familia es una visión histórica superficial, una mirada más honda percibe que la ha cambiado echando semillas revolucionarias que alumbrarán un renovado modelo familiar.

Los historiadores no hemos ahondado en la relación de la familia con los sistemas sociales y económicos, ni en su interactividad con las crisis. Los materialistas abandonaron la familia en el desván ineficaz de las mentalidades, la izquierda española la despreció como tradicionalista, retardataria y conservadora, como un instrumento moral de la Iglesia o de clase burguesa. La economía clásica tampoco ha analizado la familia como un factor necesario para la sostenibilidad de la economía y la sociedad. La cultura católica ha cultivado la familia como un reducto seguro, lastrada con maniqueísmos sexuales, con parentescos pasivos de maternidad tradicional y jerarquía patriarcal, con una convivencia resignada y tradicional. Los sociólogos y teólogos protestantes en cambio han valorado la familia como importante motor renovador de la sociedad. Los historiadores hoy descubrimos esa oculta función de sostenibilidad social de la familia gracias a la economía informal de la supervivencia y del cuidado, que, sin computar en la contabilidad, aseguró la básica labor de formar, alimentar y socializar a los miembros de la sociedad.

Varias crisis históricas adecuaron la familia a los cambios sociales y los hábitos culturales. Fue importante el paso de la antigua familia extensa a la nuclear, impulsado por la burguesía liberal del XIX. Su economía de subsistencia permitió sobrevivir al depredador capitalismo industrial, lo hizo productivo al sustentar al trabajador. La socialización de la familia sostuvo el mercado laboral y permitió la acumulación de capital. Sus valores callados de convivencia, supervivencia y unidad educaron a los trabajadores más que los sindicatos o las políticas sociales del débil Estado. En ella, la mujer sobrevivió sometida a la desigualdad del patriarcado.

La colaboración de las familias de los trabajadores fue necesaria a fines del XIX para formar los movimientos sindicales. No entramos en la dramática retaguardia familiar que aguantó la guerra civil, ni en la famélica postguerra heroicamente resistida por las familias españolas supervivientes del racionamiento. Porque también el franquismo forjó una familia nacionalcatólica que le fuera fiel. La profunda crisis del desarrollismo de los años sesenta fue fructífera gracias a la actitud valiente de cambio social y flexibilidad con que la familia española se renovó haciendo posible la posterior transición democrática.

Desde fines del siglo XX unas nuevas situaciones sociales, culturales, demográficas y económicas vienen replanteando varias funciones arcaicas de la familia tradicional: La atrofia de la educación familiar por la masificación de la pública, el encargo formativo al preescolar, la socialización de los hijos en manos de amigos, medios de comunicación y redes sociales, la secularización mayoritaria de la familia, la ambigüedad sexual del matrimonio, la extensión del divorcio, la práctica del aborto, la frecuente violencia intrafamiliar, la aparición de múltiples tipos de hogar, la reducción de miembros,  los aprietos de la vivienda, la caída de la natalidad,  el envejecimiento, la salida de jóvenes al exterior, el desempleo de recién titulados, la débil autonomía de un tercio de hijos mayores de 25 años viviendo con sus padres, la incorporación de la mujer al trabajo, la exigencia de igualdad y conciliación, la intensa movilidad profesional, la reducción salarial, la precariedad laboral, el gasto en protección a la familia mitad del europeo, la supervivencia con la pensión del abuelo, la repercusión de la crisis del Estado de Bienestar, los servicios mercantiles que vacían la cultura del cuidado en el hogar, la avanzada demanda de sanidad que excede el domicilio, la pérdida de comunicación familiar por la invasión del trabajo y las comunicaciones. Éstas y otras semillas están gestando otra versión de la familia, más ajustada a los cambios sociales, que no desaparecerá, sino que se adecuará a las nuevas generaciones.

La crisis ha evidenciado algunos déficits actuales de la familia nuclear tradicional. Hoy aparece como estrecha, rígida, jerárquica, patriarcal, desigual en género y derechos, intolerante en sexos, con procreación única, y no exenta de violencia callada. La praxis familiar de los jóvenes reclama abrirla política, jurídica y socialmente. Por eso están formando ya una familia nueva, flexible, abierta, igualitaria, no jerárquica, poco nuclear, intersexual, no localizada, sin fijeza domiciliar, menos duradera, secularizada y conciliada con el trabajo.

Ha sucedido lo habitual en la historia, no sólo que la familia ha aliviado la crisis, sino sobre todo que la crisis ha renovado la familia.

El artículo fue editado en El Norte de Castilla del 12 de agosto de 2017.

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Sobre el autor elmiradordeclio
El Mirador de Clío está redactado por Pedro Carasa, un historiador que tratará de observar el presente desde la historia. Se evoca a Clío porque es la musa griega de la historia y de la poesía heroica, hija de Zeus y Mnemósine, personificación de la memoria. El nombre de mirador indica que la historia es una atalaya desde la que proyecta sus ojos el historiador, como un busto bifronte de Jano, que contempla con su doble mirada el pasado desde el presente y el presente desde el pasado.